Una nueva denuncia penal puso bajo la lupa al ministro de Economía, Luis Caputo, al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y a otros funcionarios nacionales por el destino de casi $4 billones obtenidos por el Tesoro en una licitación de deuda realizada a fines de julio.
La presentación fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió a la Justicia que investigue el recorrido de esos fondos, las cuentas donde fueron depositados, las órdenes de transferencia y las tasas aplicadas. Según la denuncia, el dinero no habría aparecido en la cuenta habitual del Tesoro en el Banco Central.
El episodio comenzó el 29 de julio, cuando la Secretaría de Finanzas realizó una licitación destinada a renovar vencimientos por unos $8 billones. De acuerdo con la documentación presentada por Pagano, el Tesoro consiguió entre $3,7 y $4 billones adicionales por encima de ese monto.
La operación se liquidó el viernes 31 de julio. Sin embargo, según los datos incorporados a la denuncia, los depósitos del Tesoro en el Banco Central no aumentaron en una magnitud equivalente. Por el contrario, habrían caído desde unos $3 billones hasta aproximadamente $260.000 millones.
Días después, el 4 de agosto, cerca de $1 billón volvió a aparecer en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Para Pagano, la situación plantea interrogantes sobre qué ocurrió durante ese período con el resto de los fondos y quién decidió sus movimientos.
La diputada pidió reconstruir el circuito financiero completo y determinar si parte del dinero permaneció temporalmente depositada en bancos comerciales, incluidos bancos públicos, en lugar de quedar directamente en la cuenta del Tesoro.
La hipótesis que deberá ser investigada sostiene que esos recursos podrían haber ingresado a entidades financieras y posteriormente haber sido colocados en operaciones de corto plazo con el Banco Central. De confirmarse, la denuncia plantea que el Estado podría haber asumido costos financieros tanto por la deuda emitida por el Tesoro como por los intereses pagados por el BCRA a los bancos.
El caso también incluye movimientos en las reservas en dólares. Según la presentación, entre el 28 y el 29 de julio las tenencias del Tesoro en el Banco Central habrían pasado de unos US$3.330 millones a US$3.185 millones, una reducción de aproximadamente US$145 millones.
Pagano solicitó determinar si esa variación estuvo relacionada con pagos de deuda, operaciones financieras o una eventual intervención sobre el mercado cambiario. También pidió explicar el incremento posterior de las tenencias en dólares, que habrían pasado de US$3.605 millones el 31 de julio a US$4.387 millones el 3 de agosto.
Uno de los elementos que tomó especial relevancia fue una declaración pública de Bausili durante una conferencia del 6 de agosto. Consultado sobre el dinero que no aparecía en la cuenta del Tesoro, el titular del Banco Central sostuvo que no tenía demasiadas respuestas porque era una cuestión que debía consultarse al Tesoro.
Bausili afirmó además que los fondos no habían desaparecido y que probablemente se encontraban en alguna otra cuenta. Para Pagano, esa explicación resulta insuficiente y justifica profundizar la investigación sobre el recorrido de los recursos públicos.
La denuncia apunta también a establecer qué funcionarios autorizaron eventuales colocaciones, qué entidades recibieron el dinero, qué tasas se aplicaron y si existieron actos administrativos que respaldaran las operaciones.
Pagano pidió que se incorporen extractos completos de las cuentas del Tesoro, órdenes de transferencia, registros contables, documentación del sistema e-SIDIF y operaciones de pase realizadas por el Banco Central. También solicitó información al Banco Nación y a organismos de control como la SIGEN y la Contaduría General de la Nación.
La presentación menciona posibles delitos como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existió efectivamente algún delito y quiénes serían eventualmente responsables.
El objetivo central de la denuncia es reconstruir qué ocurrió con los casi $4 billones adicionales obtenidos por el Tesoro, identificar dónde estuvieron depositados y determinar si esas operaciones generaron algún costo adicional para el Estado.
Por ahora, se trata de una denuncia que deberá ser investigada judicialmente. El expediente vuelve a colocar bajo presión a Caputo y Bausili y abre un nuevo interrogante sobre el manejo de los fondos públicos y las operaciones financieras realizadas por el Gobierno durante las últimas semanas.
